Es evidente que en la gestión pública local se ha abusado de la fuente de ingresos que provenía de la actividad inmobiliaria. Fuente agotada y que dotaba de ingresos extraordinarios las arcas de los ayuntamientos. Un canal de aportación que sólo se produce en fase económica expansiva, que en ciclos de cuatro años es fácilmente identificable en su contexto, pero que cuando ésta se produce durante mucho tiempo seguido se acaba pervirtiendo su origen y sus funciones. Muchos ayuntamientos se han olvidado de que esos ingresos extraordinarios eran cíclicos puesto que muchos alcaldes y concejales, de hecho, nunca conocieron otro modelo de financiación que no fuera ese.
Esos ingresos extraordinarios se han utilizado para sufragar gasto corriente puesto que muchos de los responsables de las arcas municipales ya no diferenciaban lo extraordinario de lo ordinario. Esa burbuja de ingresos extraordinarios que provienen de las plusvalías y los impuestos derivados a la actividad inmobiliaria y de la construcción explotó hace unos años y ahora se evidencian sus efectos.
Al igual que los miembros de una familia que aportan un capital extraordinario (por horas extras) al conjunto del núcleo, este no lo pueden disponer para gastos recurrentes indefinidamente, los ayuntamientos tampoco pueden. La familia que convierte en valor ordinario unos ingresos que puede que dejen de obtenerse quiebra tarde o temprano, los municipios también. Últimamente escuchamos casos de que eso es así, pero la gran mayoría de alcaldes evitan comprometerse y eluden la realidad. El comportamiento como si esto no fuera con ellos es una irresponsabilidad que arrastra a demasiada gente “inocente”. Hay muchos concejales de hacienda y alcaldes que consideran que “a ellos no les puede pasar”, que la crisis flota pero no les puede afectar dramáticamente a sus corporaciones.
Algunos técnicos que conozco en distintos ayuntamientos me comentan que tiene muchos problemas para hacer entender a sus responsables políticos la gravedad de la situación. Cuentan que parece como si no detectaran el acantilado, como si la crisis no fuera con ellos. Incluso confiesan que en muchos casos se están dopando conscientemente los balances previstos. Se incorporan gastos sobre obras o proyectos y gastos corrientes de funcionamiento a sabiendas que los ingresos que garantizarían el pago están inflados muy por encima de lo sabido o está previsto ingresar. Es decir, la burbuja presupuestaria, la más tonta y breve de todas las burbujas, explosionará en muy poco tiempo en aquellas poblaciones donde se disponen gastos basados en presupuestos que no se podrán aportar nunca.
El nivel de la política en este país es de todos sabido: indigencia intelectual por todas partes. Si le das una patada a una piedra, de debajo salen diez inútiles dedicados a la política corriendo en todas direcciones. Hay muchísimas cucarachas ejerciendo de concejal. El valor de la chapa y el salvoconducto para aparcar donde quieran concede pretensiones a personas que en la vida civil tendrían serios problemas para comer cada día. Esos son los que ahora exigen a los funcionarios locales que arreglen sus entuertos. Se de buena fuente que muchos técnicos andan desconsolados pues las órdenes, tras advertir a sus superiores políticos la incapacidad para ingresar lo previsto, son de “arréglalo, tú sabrás como”.
La verdad es tóxica y tiene color marrón. La inmensa mayoría de los alcaldes de este país no recortaron un duro en sus presupuestos y ahora se dan cuenta del drama. Los técnicos no podrán inventar dinero inexistente y poco a poco las quiebras municipales se irán sucediendo. El remedio a esas fallidas será la retirada indiscriminada de servicios públicos locales. Algunos casos serán especialmente duros pues gran parte de los ingresos extraordinarios de estos últimos años estaban destinados a integración social y valores de convivencia. Pinta mal en ese sentido. Otro es el de las miles de empresas privadas que dependen de contratos recurrentes con la administración local, estos dejarán de cobrar y, en su defecto, de trabajar. Nadie está analizando el coste en ocupación que va a suponer dicho agujero local.
A finales de este año las nóminas de los trabajadores municipales estarán en franco peligro. Fundamentalmente por un motivo técnico. En este país un buen número de municipios aplicaban al capítulo I una póliza de crédito que muchos no lograrán renovar en el cuarto trimestre cuando la mayoría disponen de esta herramienta. El motivo es claro, el riesgo de impago será muy alto.
Por lo tanto, los ayuntamientos deben adaptarse a la difícil situación que van a vivir y están viviendo. Deben olvidarse de esos ingresos que no volverán en años. La economía no se recuperará en tiempo, los ingresos por impuestos inmobiliarios y de la construcción serán piezas de museo y las transferencias del Estado no se irán engordando hasta dentro de un lustro cuando los impuestos de sociedades y otros se recuperen. La mayoría de impuestos dependen del consumo y de los beneficios de las empresas que llevan más de 3 años cayendo y eso repercutirá en las transferencias de los próximos años todavía. Es decir, van a tener que asumir la situación real a corto y a medio plazo.
El principal elemento que va a diferenciar la convivencia en los próximos meses va a ser el de la vigilancia ciudadana. Esos juicios populares a la política local que obligarán a los políticos a “informar” porque cortan un servicio o gastan en otro puesto que con tan poco dinero todo no se podrá hacer. Será muy complicado justificar cuando se hace un evento y se deja de subvencionar otro. Al tiempo. Además será muy difícil ocultar realidades como ahora que sabemos que algunos municipios no pagan la recogida de basura por incapacidad financiera. Deben saber que hay grandes ciudades que hace más de medio año que no pagan sus obligaciones con algunas concesionarias. ¿Pero quien lo va a pagar? A la larga los impuestos con los que nos crujirán a todos. Por primera vez en la historia reciente los ayuntamientos no podrán endeudarse, ni tampoco podrán ser rescatados por nadie puesto que el estado y las autonomías también tendrán su sarampión público por culpa de una deuda de no retorno.
Tengo ganas de ver a muchos alcaldes explicando que servicios van a recortar y porque.
Estoy impaciente para ver como piensan definir una situación económica empobrecida en términos municipales. Quiero ver como los ciudadanos examinan los gastos superfluos y exigen otros más estratégicos. Los ayuntamientos deberán explicar a los ciudadanos el problema, la caída de servicios y el
aumento de impuestos. Se acabó la fiesta municipal definitivamente. Ha llegado el momento de los buenos gestores, el de los que asumen la realidad, la transmiten y ejecutan estratégicamente un modelo de salida de todo este barrizal.
No todo será malo. En muchos casos, la estrechez resultante provocará que algunos servicios que hasta la fecha se hacían sin mesura, deban adaptarse a los nuevos y gélidos tiempos. Las corporaciones municipales que quieran apostar por un valor en el servicio público deberán modificar sus objetivos si estos son faraónicos o desmedidos. Procurarán, los que puedan, atender exactamente a las necesidades de sus vecinos. El entendimiento por mancomunidades será uno de los efectos inmediatos a esta nueva situación. Algunas poblaciones que ahora no puedan afrontar la construcción, por ejemplo, de un polideportivo de según que dimensiones o coste de mantenimiento, podrán asociarse con otras para afrontar el proyecto con garantías de uso y equilibrio económico. Esto es diferente, duro y poco electoral pero no habrá otro remedio. Lo bueno que conlleva es que el dinero público deba invertirse de un modo mucho más eficiente.
Como en otros factores, esta crisis que el establishment sigue queriendo relativizar, es de tal envergadura que permite afrontar cambios extraordinarios. Es tan difícil el escenario que no quedan muchas opciones. La parte mala sigue siendo el sufrimiento de muchos, la buena que, al no haber más remedio, estamos ante una de las metamorfosis gigantesca de la gestión pública y de su control. Me gusta pensar que será así
